El inversor cuenta con la posibilidad de retirar el patrimonio invertido de las compañías que se hacen cómplices de conductas o normas éticamente cuestionables y dirigirlo hacia otras que no presenten este tipo de conflictos.
La relación entre la ley y la moral es un asunto espinoso. Es complicado que exista consenso social en el ámbito moral. Esto, que no quita un ápice de verdad a los principios morales, sí genera una situación incómoda cuando los poderes públicos tratan de legislar sobre cuestiones que tocan de pleno aspectos morales del individuo. La cuestión es bien sencilla: si la sociedad en conjunto afirma la bondad de unos mismos valores, entonces no hay problema alguno en hacer leyes de las que se desprendan generosamente esos valores. Sin embargo, cuando cada individuo, o cada grupo de personas, opina de manera distinta sobre qué es bueno y qué es malo, la cosa cambia.
Al preguntarnos sobre qué escenario es el que predomina en la época actual podríamos responder casi impulsivamente que se trata del segundo. Nuestra sociedad es profundamente relativista. No obstante, si miramos con un poco más de atención, percibiremos que, en realidad, estamos avanzando poco a poco hacia una mentalidad de pensamiento único basada en valores relativos. El Equality Act en Estados Unidos o la Ley de la Eutanasia en España son un reflejo de cómo está compilación de ideas va abriéndose paso no sólo en nuestra legislación sino también en nuestra vida.
La pregunta que nos surge ante todo esto es la siguiente: ¿cómo puede afectar a un inversor la adopción de este tipo de normas? O más concretamente, ¿cómo afecta todo esto a aquel inversor que quiere invertir de manera coherente con su fe? Si todo quedase en el ámbito normativo, el inversor creyente se vería llamado actuar solamente desde su posición de ciudadano, pues está claro que muchos de los valores que defiende la ideología predominante se oponen a las enseñanzas de la tradición cristiana. Sin embargo, el problema también se está trasladando a un ámbito que influye directamente en el campo de las finanzas y en el inversor: cada vez son más las compañías de todo el mundo que están tomando la decisión de utilizar sus beneficios para apoyar públicamente la ideología que subyace a tales regulaciones.
Un primer ejemplo de este movimiento lo encontramos en la campaña de apoyo al Equality Act promovida por la organización Human Rights Campaign. Empresas tan grandes y cercanas como Apple, Domino’s Pizza o Levi Strauss respaldan públicamente esta campaña. El Equality Act propone modificar de arriba abajo la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos, imponiendo una ideología sobre la que surgen dudas éticas importantes y sobre la que no se ha llevado a cabo una reflexión previa y profunda. Además, su aprobación legitimaría la discriminación y la condena social (y, ahora, judicial) de aquellos que optarían por objetar conciencia porque no quieran comulgar con un totalitarismo basado en las teorías de género. Esto provocaría por ejemplo que hospitales pudieran ser demandados por oponerse a realizar una operación de cambio de sexo.
Otro ejemplo es la iniciativa que lleva el nombre Don’t Ban Equality. Ante una ley aprobada a mediados de septiembre de 2021 en el Estado de Texas (USA), que prohíbe el aborto desde el momento en que hay latido del corazón del niño, se ha difundido una carta de protesta que ha circulado por los despachos de los jefes ejecutivos de multitud de empresas. Muchos de ellos, como los CEOs de Netflix o Bloomberg, han estampado su firma oponiéndose públicamente a esta ley y posicionándose públicamente a favor de una cuestión (el aborto) que es de tremenda importancia para la conciencia de muchos.
Ante todo esto, podríamos preguntarnos qué ganan las compañías con estas desconcertantes iniciativas de posicionamiento público. Sin embargo, en este caso nos resulta más interesante y útil cuestionarnos: ¿qué puede hacer al respecto el inversor que busca actuar con coherencia?
Por un lado, podría no hacer nada. Podría quedarse de brazos cruzados mientras las compañías se adhieren, a veces con poca conciencia de lo que hacen, a causas que contribuyen a desdibujar verdades que se han considerado siempre los pilares necesarios para lograr una vida plena. Pero también hay una alternativa a la inacción. El inversor cuenta con la posibilidad de retirar el patrimonio invertido de las compañías que se hacen cómplices de conductas o normas éticamente cuestionables y dirigirlo hacia otras que no presenten este tipo de conflictos. El magisterio de la Iglesia nos ha hablado en distintas ocasiones del poder que los consumidores tienen para orientar el desarrollo de la sociedad hacia el verdadero Bien del hombre a través de la adquisición de bienes cuyos procesos de producción respetan los principios morales.[1] Esta misma lógica podría extrapolarse al mundo de las inversión, dirigiendo los ahorros hacia aquellas empresas “que operan con criterios claros, inspirados en una ética respetuosa del hombre entero y de todos los hombres y en un horizonte de responsabilidad social”.[2] Así, el inversor o consumidor, con su coherencia, estaría promoviendo aquello que es bueno para el ser humano. Además, podría estar siendo un estímulo para que las empresas se cuestionen el porqué de su apoyo a esas causas controvertidas. Y, sin lugar a duda, estaría subiendo el primer peldaño para la transformación del mundo financiero.
[1] Benedicto XVI, 2009. Caritas in Veritate. p.69. Available at: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
[2] Congregación para la Doctrina de la Fe, 2018. Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Available at: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html